Ocho mujeres con órdenes de protección activas fueron asesinadas entre enero y octubre de 2025 en la República Dominicana. No se trata solo de una cifra estremecedora; es la evidencia más cruda de un sistema que, aun cuando identifica el riesgo, no logra impedir el desenlace fatal. Las órdenes estaban emitidas. El peligro estaba reconocido. Y, sin embargo, la protección no llegó a tiempo.
Los datos están contenidos en la Radiografía de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual 2015–2025, elaborada por el Ministerio Público y analizados en la serie especial “Anatomía de los feminicidios en la República Dominicana”, desarrollada por el periodista Fernando Quiroz para Aplatanao News. El informe revela que entre enero y octubre de 2025 se registraron 47 feminicidios, cifra que ascendió a 49 al 21 de noviembre. Las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo Este (8 casos), el Distrito Nacional (6), San Cristóbal (6) y Santiago (4).
Pero más allá del mapa estadístico, hay una pregunta que incomoda: ¿de qué sirve una orden de protección si no protege?
La orden judicial es, en teoría, una herramienta de emergencia diseñada para prevenir la escalada de violencia. Su sola existencia implica que hubo una denuncia previa, que el Estado fue advertido del riesgo y que se reconoció la necesidad de intervenir. Cuando una mujer asesinada contaba con esa medida activa, el feminicidio deja de ser únicamente un crimen del agresor para convertirse también en un fracaso institucional.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso Gómez, definió la publicación como “un mapa con la verdad y un mapa para la acción”. La frase es potente, pero la acción aún no parece estar a la altura de la verdad revelada por los datos. Si el propio Ministerio Público reconoce una concentración territorial de la violencia, ¿por qué no se traduce eso en una presencia preventiva más robusta en las zonas críticas? ¿Por qué no existen mecanismos de monitoreo más estrictos para agresores con medidas judiciales vigentes?
La década analizada acumula más de 842 mil denuncias de violencia de género e intrafamiliar. La magnitud del problema no es nueva ni desconocida. Los patrones están identificados: territorios de mayor incidencia, perfiles de víctimas y agresores, horarios de mayor riesgo, impacto en hijos e hijas que quedan en la orfandad. El diagnóstico está hecho. Lo que persiste es la brecha entre diagnóstico y ejecución.
El hecho de que el 77.3 % de las víctimas fueran dominicanas, el 9.1 % haitianas y el 13.6 % de otras nacionalidades revela también la dimensión estructural del fenómeno, atravesado por vulnerabilidades sociales y económicas. Sin embargo, ninguna variable sociodemográfica justifica que una medida judicial vigente no sea suficiente para disuadir o contener a un agresor.
La debilidad institucional no necesariamente radica en la falta de leyes —la República Dominicana cuenta con marcos normativos claros contra la violencia de género— sino en la insuficiente capacidad de hacerlas cumplir con eficacia preventiva. Supervisión policial limitada, escaso seguimiento personalizado de los casos de alto riesgo, ausencia de dispositivos electrónicos de control, lentitud procesal y falta de coordinación interinstitucional son factores que, aunque no siempre visibles en las estadísticas, pesan en los resultados.
Cada feminicidio con orden de protección activa es, en esencia, un crimen anunciado. Es la confirmación de que el Estado supo y no pudo —o no logró— evitarlo. Y aunque ningún sistema es infalible, la repetición de estos casos obliga a replantear protocolos, recursos y prioridades.
Si la Radiografía es realmente “un mapa para la acción”, la acción debe traducirse en medidas concretas: fortalecimiento del monitoreo de agresores, unidades especializadas en seguimiento de alto riesgo, inversión en tecnología de control, respuesta policial inmediata ante incumplimientos y evaluación constante de la efectividad de las órdenes emitidas.
Las cifras no pueden convertirse en un ritual anual de
consternación. Ocho mujeres con órdenes de protección activas no son solo un
dato dentro de 49 casos; son el indicador más claro de que el sistema de
prevención aún no cumple su promesa esencial: salvar vidas.
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