La noticia del drástico cambio de resultados de la industria azucarera dominicana que el año pasado solo exportó 189,216 toneladas métricas de sus productos remite a la etapa de gloria de la década de los 80 en la que aportaba un millón de toneladas en promedio del endulzante para embarcar y satisfacer el consumo interno, algo convertido en “lo que el viento se llevó” por manejos administrativos deformados por el partidarismo criollo causante de una pérdida de eficiencia que reorientó la demanda mundial hacia ofertas de derivados de la remolacha y hasta de la propia caña subsidiados en otras latitudes.
El prestigio del país como proveedor, que en ese sector fue herido de muerte por el clientelismo con exceso de nóminas y escasa pulcritud administrativa, comenzó a ser rescatado –mínimamente primero y luego de manera progresiva- por las áreas privadas de la inversión que en su etapa de gestión moderna logran rentabilidad e impacto social positivo con eficiencias productivas para dejar atrás la “miseria y deshumanización” del trato a los trabajadores azucareros del Este por el capital extranjero en el decenio del 1930 denunciados en la celebrada novela Over del escritor Ramón Marrero Aristy.
Tras la desaparición del dictador de Trujillo -buen manejador de sus intereses y que se había adueñado de una parte importante de la industria azucarera estatizándola para su lucro con garrote y falta de escrúpulos- los ingenios del circuito convertidos en bien público pasaron a la categoría de piñata para el oportunismo político. Paralelamente el ámbito que seguía privado y operando en limitadas geografías avanzó hacia la evolución que al país le convenía aun dejando de ser una patencia azucarera regional.
Lo que queda de significativa molienda aun tras los desaciertos y vicios del populismo, está concentrado en cuatro centrales operados por particulares: Central Romana -regido por la razón social Fanjul ajena al pasado- el ingenio Cristóbal Colón de la Casa Vicini, el ingenio Barahona arrendado al sector privado y el ingenio Porvenir, que ha resultado un minúsculo sobreviviente del Consejo Estatal del Azúcar al que cultivadores privados de caña recientemente describieron al borde del colapso por falta de inversiones aunque lo publicitan con proyecciones positivas exageradas.
EFICIENCIA PRIVADA
Después del “huracán” Trujillo que recurría al truco perverso de retornar el consorcio cañero que tenía en sus garras el estatus de propiedad estatal cuando dejaba pérdidas para que fueran cubiertas por contribuyentes, y del paso por allí de camarillas partidarias despilfarradoras, la producción azucarera nacional quedó ya predominantemente en manos privadas que lograron una sólida estabilización favorecida por el retorno de las lluvias a estas dos terceras partes de la isla. El territorio nacional habían estado sistemáticamente bajo el azote de las sequías pero a partir de mejoras operativas y un corte de caña mecanizado en elevada proporción ha estado repuntando la producción a un 12% anual.
En el panorama azucarero nacional lo que puede verse tras el empobrecimiento de la sigla CEA es un proceso industrial consolidado que hizo avanzar los rendimientos alejándolos de las codicias partidarias. La labor de corte en los cañaverales –que antes residía desproporcionadamente en mano de obra importada- está mecanizada en un 70%. Mientras la industria de la construcción fomenta empleos desbordantes para inmigrantes en su mayoría irregulares, la caña deja de ser, con sentido nacionalista, un incentivo importante para la traída de mano de obra foránea.
El corte manual de la productiva gramínea es ya inferior al 20% lo que hace señera a la industria azucarera en rentabilidad a través de las innovaciones que reducen costos. Al tiempo que los ingenios se expanden productivamente más allá de las zafras ordinarias pues millones de toneladas de bagazos como subproducto de la molienda comienzan a servir en grande para generar energía eléctrica limpia para el sistema nacional. Desde antes el país se beneficia de su conversión en la materia prima furfural.
EL DESPILFARRE
En la etapa subsiguiente, en la que el orden azucarero nacional fue llevado a una desastrosa estatización, el manejo de los unidades de ese CEA de capa caída arribó a gestiones administrativas vulnerables a la corrupción y de haber constituido un sostén para la economía dominicana y fuente financiera para la Cosa Pública, pasó a un proceso de colapso al que también contribuyeron las distorsiones del mercado internacional.
Las crónicas contestatarias –que no cesan de llegar al primer plano desde entonces- dan fe de que desde el retorno de la red de ingenios a la influencia de liderazgos partidarios estuvo vigente con todas sus fuerzas el clientelismo que genera excesos de nómina. Se indica que el CEA moribundo fue llevado en grande a la calidad de agencia de empleos y el complejo en sí ingresó a la obsolescencia tecnológica sin reinversiones gubernamentales en maquinarias ni en zonas cultivadas.
El emporio –una denominación que pasaba rápidamente a carecer de sentido- se convirtió en un testimonio viviente de que una riqueza pública había quedado expuesta a una falta de criterios sobre la forma más favorable de proteger el interés nacional. Mientras los competidores del azúcar dominicano en el exterior se modernizaban, acá la producción continuaba rezagada bajo comportamientos dispendiosos de las administraciones.
Por ello sobrevino una descapitalización con operaciones
sospechosas de ventas por debajo de los precios del mercado. Millones de tareas
de tierra fértil fueron usadas para trueques onerosos, donadas en masas o
vendidas en forma irregular a particulares para flamantes proyectos
inmobiliarios que convirtieron en millonarios a los intermediarios.
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