Los desacuerdos en el marco de servicios públicos esenciales como los de las áreas de la Educación y la Salud Pública deben expresarse dentro de límites razonables. Si médicos y maestros se lanzan fácilmente a batallas de paralizaciones y protestas que obstaculizan porque tales o cuales cosas no se aplicaron exactamente como ellos prefieren, lo que comienza a caer en quiebra es el principio de autoridad; y a ellos mismos ha de perjudicarles que los organismos a que pertenecen caigan en desbalances de funcionamiento que neutralicen los ejercicios de dirección que velan por la disciplina y la coordinación del todo. No deben pretender que cada decisión, importante o no de los ministerios y organismos normativos afines esté sujeta a un poder de veto que no existe.
Como tampoco procede, más allá de escuchar y conciliar posiciones, que aquellos que dirigen con plenitud legal en el Estado, disminuyan indefectiblemente sus facultades ministeriales en concesión a los pareceres de agremiados. Cierto que siempre se debe escuchar a las partes. Tratándose de autoridades legítimamente constituidas, es a ellas a las que en primer término la sociedad exige el cumplimiento de obligaciones para que la enseñanza y la asistencia hospitalaria sean óptimas, objetivos difíciles de alcanzar si en tales ámbitos persiste la resistencia casi automática a directrices con efectos trastornadores que niegan solución a los problemas. Tomado de Hoy.com.
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