Santo Domingo, RD
Los terrenos que reclaman los agricultores agrupados en la Unión de Productores Agropecuarios Mamá Tingó de la comunidad Vicentillo, El Seibo, nunca han sido propiedad del Estado.
Así lo dio a conocer la comisión interinstitucional designada para investigar el estatus de los terrenos, la cual está integrada por los directores de la Comisión Permanente de Titulación de Terreno, José Dantés Díaz; del Instituto Agrario Dominicano; Emilio Toribio; del Consejo Estatal del Azúcar; Luis Miguel Pichirilo y en Instituto Azucarero Dominicano, Antonio López.
Explicó que los terrenos ocupados, actualmente reclamados por los miembros de la referida asociación, no se corresponden con las parcelas indicadas en la intención gubernamental expresada a través del decreto número 486 del año 1975, que pretendía realizar un asentamiento agrario.
“Ni los terrenos involucrados en el citado decreto, ni los adyacentes, también ocupados por los campesinos, fueron ni han sido propiedad del Estado Dominicano”, aclaró el funcionario.
Informó que el proceso de expropiación, resarcimiento y creación del asentamiento, nunca fue llevado a cabo, por lo que no existe formalidad alguna que acredite como propietario a ninguno de los reclamantes.
“El gobierno dominicano se identifica con la situación de los campesinos y agricultores de Vicentillo; comprende y reconoce el carácter moral y humanitario de los reclamos de ellos”, dijo.
En ese sentido les informó que llegó a acuerdo con los productores y ahora iniciarán un proceso de búsqueda de terrenos del Estado con vocación agrícola en la zona, para asentarlos.
Dantés informó que esto implica además, la entrega de insumos agrícolas, semillas, plantas y asesoría gratis para que continúen la producción.
De su lado el padre, Miguel Ángel Grullón, agradeció el gesto del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, quien a través del ministro José Ramón Peralta recibió una comisión en el Palacio Nacional, y a ello atribuye que fontanalmente hayan arribado a un acuerdo satisfactorio.
De lo único que se queja es de la forma inhumana en que se llevaron a cabo los desalojos de los 613 campesinos, lo cual dejó como saldo a un menor muerto.
Resultados
Los resultados de la investigación arrojaron que en marzo del año 1975 el presidente de entonces emitió el decreto 486 declarando de utilidad pública e interés social la adquisición de una porción de terrenos con una extensión de 1,845.05 tareas de tierra, ubicadas en 24 parcelas con un área total de 20 mil 019 tareas, propiedad del señor Pedro Zorrilla.
“El señor Zorrilla había adquirido estás parcelas, no al Estado, en un periodo de 23 años, entre el 1950 y 1953, sin embargo, en ninguno de los asientos registrales publicados de sus inmuebles, figura consignado en el decreto citado, por lo que la declaración de utilidad pública no es oponible a los terceros”, agregó.
Consideró que el Estado debió actuar amparado en la Ley 344-43, en la cual se conserva la figura de la expropiación, que consiste en la transferencia de la propiedad privada, desde su titular al Estado, por causas debidamente justificadas de utilidad privada o interés social, teniendo el Estado la responsabilidad de indemnizar con el justo precio para la transferencia de la propiedad.
Explicó que el proceso de expropiación nunca fue llevado a cabo y por ende tampoco fue hecho público, lo que permitió al señor Zorrilla disponer del inmueble, traspasándolo a favor de terceros
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