Guido Gómez fracasa ante PGR en caso denuncia contra Dauhajre

La Procuraduría General de la República dispuso el archivo definitivo de una denuncia y una querella interpuestas contra el economista Andrés Dauhajre por Guido Gómez Mazara y las fundaciones Nacional de Derechos Civiles, y Nacional de la juventud, respectivamente, que lo vinculan con los supuestos sobornos pagados por Odebrecht en el caso de Punta Catalina.

Afirma la PGR en su auto de archivo definitivo, que después de investigar los hechos y recolectar las pruebas de lo denunciado por Gómez Mazara y las dos fundaciones antes citadas, “no existe ningún hecho que caracterice ilícito penal alguno o que amerite la puesta en movimiento de la acción pública” contra Dauhajre.

Agrega que una de las causas de archivo previstas por la norma se caracteriza cuando el hecho no constituye un delito en el sentido de no permitir su encuadramiento en ninguna norma legal configurativa de acción penal.

A esto se suma el hecho de que “El Ministerio Público no es un acusador autómata, sino que sus actuaciones están condicionadas a un principio de objetividad pautado tanto por nuestra ley orgánica como por el artículo 260 del Código Procesal Penal…”, dice el auto de la PGR.

Reacción. Gómez Mazara objetó por ante el Juzgado de la instrucción la decisión de la PGR, y ve como una “señal inequívoca de complicidad” el que la misma le fuera notificada el pasado 26 de diciembre, “pretendiendo que el poder político sirva de cobertura de todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD., aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York”.

Él y el doctor Domingo Rojas recordaron que han sido los mismos delatores de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos, claramente definidos por la empresa con la meta de conseguir contratos.

“Y en el caso de Punta Catalina es necesario recordar la cantidad de recursos públicos destinados para su construcción porque no existió la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para la obra, lo que resulta contraproducente con los “resultados”, la aparición de un contratado que no logra el objetivo pero es remunerado con sumas millonarias y que ahora el ministerio público encargado de perseguir la corrupción evada y/o se torne cómplice respecto de montos que alcanzan a US$9,514,430.00, sin ningún tipo de responsabilidad al receptor de esos fondos”Tomado de Hoy Digital