Santo
Domingo, RD
La
alta población de presos preventivos, que generalmente ha superado el 60 por
ciento de los privados de libertad, ha sido una de las principales causas del
hacinamiento que ha imperado en el sistema penitenciario dominicano.
Esta
problemática ha motivado a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio
Público a diseñar estrategias para reducir la cantidad de reos preventivos y
descongestionar los recintos.
Ahora forma parte de la agenda de trabajo de la nueva procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien lleva 17 días en el cargo, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, con poco más de un año al frente del Poder Judicial.
En
una primera reunión que sostuvieron ayer las autoridades de la Procuraduría y
de la SCJ, acordaron poner en marcha un plan de trabajo para solucionar la
situación de los miles de dominicanos que se encuentran en prisión preventiva,
debido a que todavía no se les ha conocido un juicio que determine su
culpabilidad o su inocencia.
En
un comunicado de la dirección de comunicaciones de la SCJ, se informó que en
la reunión se planteó la posibilidad de un plan de trabajo para formular una
solución conjunta desde el Poder Judicial y la Procuraduría, que pueda incluir
a la Defensa Pública y a los demás actores del sistema.
Uno
de los proyectos más ambiciosos puesto en marcha para disminuir la cantidad de
presos preventivos inició en mayo del 2018, el cual consistió en la
instalación en una primera fase de tribunales móviles en los recintos más poblados,
La Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte, y Najayo, en San Cristóbal,
como parte de un plan piloto que se extendería a otras jurisdicciones.
En
11 meses, en esos tribunales fueron conocidos 1,500 procesos judiciales a
privados de libertad en condición preventiva, según reseñó LISTÍN DIARIO en
junio del 2019.
Este
programa fue realizado durante la gestión en la SCJ de Mariano Germán Mejía y
en la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez. En el acto de lanzamiento, el
entonces presidente de la SCJ anunció que se extendería en una segunda fase a
los distritos judiciales de Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís y San
Pedro de Macorís.
Mientras,
el procurador destacó que la iniciativa surgió por la existencia de más de
26,500 privados de libertad en los 41 recintos penitenciarios del país, 16,844
en calidad preventiva, equivalente al 63.4%.
Requisitos
Entre los requisitos establecidos para el conocimiento de los casos en esos
tribunales móviles figuraba que ya el ministerio público haya presentado
acusación contra los imputados, que la víctima sea el Estado dominicano y que
el imputado esté representado por un defensor público.
Resolución
El establecimiento de tribunales móviles fue dispuesto por el Consejo del
Poder Judicial mediante la resolución 5/2018, del 19 de febrero del 2018, con
el propósito de descongestionar los recintos carcelarios. Fuente Listín Diario.
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