Santo Domingo
Las sanciones previstas en la ley para
aquellos funcionarios que incurran en irregularidades al momento de declarar su
patrimonio van desde la destitución del cargo, multas, confiscación de bienes,
inhabilitación para ocupar funciones públicas y prisión de hasta 10 años.
La normativa que rige todo esto es la Ley No. 311-14 que
instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de
Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, promulgada en agosto de
2014.
Con el cambio de gobierno, la Procuraduría General de la República ha comenzado a realizar investigaciones sobre aquellos que no presentaron su declaración jurada de bienes, los que aparentemente no pueden justificar su origen o los que incurrieron en falsear datos.
Desde la semana pasada comenzaron a citar a funcionarios y
exfuncionarios para que den su explicación al respecto.
“Si una persona presentó declaración jurada estamos indagando
sobre lo que se declaró y en el caso de los omisos, por ejemplo, estamos
indagando sobre las razones que han llevado a esta persona a no cumplir con la
ley”, explicó ayer el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Lo que establece la Ley No. 311-14
Desde el artículo 14 hasta el 18, la Ley 311-14 establece las
consecuencias de cometer algún tipo de irregularidad.
Si el servidor público no presenta su declaración dentro del
plazo establecido u omite declarar algún bien, incurre en faltas graves o de
tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08 de Función Pública,
y cuya sanción es la destitución del servicio.
También será sancionado con prisión de uno a dos años y multa
de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central, los que falseen los datos en
su declaración jurada.
El enriquecimiento ilícito conlleva prisión hasta por 10 años
En caso de que el funcionario se enriquezca de manera ilícita
será sancionado con la pena de cuatro a 10 años de prisión mayor, una multa
equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar
funciones públicas por un período de 10 años.
La ley explica que la pena de inhabilitación de 10 años se
impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término
de la sanción privativa de libertad impuesta.
Las personas interpuestas que resulten culpables de las
infracciones atribuidas a los funcionarios serán sancionadas como cómplices de
las infracciones que resulten culpables.
En caso de que, al momento de ser requerido para explicar la
legitimidad de su patrimonio, el funcionario no pueda probar el origen del
mismo, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la
confiscación de los bienes no probados.
La normativa indica que el patrimonio que se demuestre
constituye enriquecimiento ilícito en favor del funcionario o de sus familiares
hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido
ordenado por sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, pasa a ser propiedad del Estado dominicano, conforme
ordene el juez competente.
El Ministerio Público dará inicio a la apertura de una
investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario, en el
caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir
con los requerimientos de esta ley.
Servidores, obligados a declarar sus bienes
Entre los llamados a presentar su declaración de bienes están
el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros,
los senadores y diputados, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, el procurador
general y demás miembros del Ministerio Público, los jefes y subjefes de las
instituciones militares y policiales, los funcionarios de las instituciones
autónomas, centralizadas o descentralizada del Estado que administren fondos
públicos.
Seguirán interrogando a ex y actuales funcionarios
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, indicó que esta
semana seguirán citando a funcionarios para dar su versión sobre la declaración
jurada de bienes que presentaron. El viernes pasado fueron llamados el diputado
nacional Radhamés Camacho, el alcalde del municipio de Pedro Brand, Wilson
Paniagua, y el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert De La Cruz.
“Citaremos tantos funcionarios como sea necesario aclarar conforme la
información que han entregado a la Cámara de Cuentas”, dijo Camacho.
0 Comentarios