Santo Domingo, RD
El presidente Luis Abinader inició el segundo año de su mandato en una carrera contrarreloj, para materializar un ambicioso programa de cambios en medio de la crisis provocada por la pandemia. Una iniciativa que llama la atención, porque coincidirá con el lapso en que todos los mandatarios anteriores enfrentaron graves crisis sociales y políticas, en las últimas cuatro décadas de nuestra historia contemporánea.
Abinader no solo tendrá que pisar el acelerador estatal en los 36 meses que restan a la presente administración, para aplicar las doce reformas planteadas y la terminación de 432 obras, incluyendo varios megaproyectos. También precisará romper el maleficio del segundo año, que azotó por igual a los expresidentes Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina.
Otro obstáculo que encontrará por delante es la oposición política, que ya ha dado muestras de que no atenderá el llamado a un pacto de unidad para las transformaciones que demanda la República Dominicana. La aceptación de la propuesta del mandatario, en momentos que ese liderazgo comienza una embestida contra el gobierno, no tendría precedentes en las mesas de negociaciones recientes.
Se advierte como una utopía que partidos como el de la Liberación Dominicana (PLD), del expresidente Danilo Medina; Fuerza del Pueblo (FP), del expresidente Leonel Fernández; Revolucionario Dominicano (PRD), del excanciller Miguel Vargas, y Alianza País, de Guillermo Moreno, desactiven sus planteamientos críticos cuando además advierten que el presidente Abinader se proyecta como su principal adversario para las elecciones de 2024.
El mandatario tendrá que prepararse también para lidiar en el Congreso con las diferentes bancadas legislativas, incluyendo la mayoritaria de su propio partido con una alta dosis de autonomía, para debatir y aprobar la intensa agenda nacional de reformas que buscan modernizar a fondo el sistema democrático y las instituciones públicas del país.
Abinader se verá precisado en este escenario a prestar especial atención a proyectos como la reforma de la Constitución, para evitar que la Asamblea Nacional desvirtúe el espíritu de la propuesta original como ocurrió en ocasiones anteriores. Inclusive, los acontecimientos violentos frente al Congreso en el pasado reciente están latentes aún en la conciencia nacional.
No menos sensible para los intereses del pueblo es la tan vapuleada reforma fiscal integral que diseñará Abinader y que está contemplada desde 2012 en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Su sometimiento a consulta en el Consejo Económico y Social ha sido evadido siempre por el liderazgo nacional, debido al gran componente político que conlleva la aplicación de nuevos impuestos directos e indirectos a los productos de consumo masivo.
Los gobiernos dominicanos cada vez que han aprobado gravámenes que lesionan a la población experimentan la mayoría de las veces experiencias traumáticas. Los estallidos de violencia, muertes, heridos, apresados y el derrumbe de la popularidad de las autoridades y partidos políticos que auspiciaron medidas de esta envergadura son reveladores.
El maleficio
Los presidentes dominicanos comenzaron a enfrentar reveses y erosiones irreversibles en sus ejecutorias al sobrepasar los límites del primer año, a partir de 1978. El gobierno de Guzmán y el PRD (1978-82) inauguraron un nuevo período de apertura política que también garantizaría una ley no escrita de cien días de tregua y una oposición constructiva, que perdura todavía.
No obstante, mientras corría el segundo año de Guzmán, el 3 de junio de 1980, estallaron violentos disturbios populares que dejaron al menos cinco muertos, medio centenar de heridos y más de mil apresados. Las protestas tuvieron su origen en un aumento de la gasolina, el pasaje y productos alimenticios de la canasta básica.
La situación del gobierno se agravó mientras a lo interno del PRD se agudizaba la crisis interna generada por las luchas de tendencias. El máximo líder de la organización, José Francisco Peña Gómez, criticó a Guzmán y su gabinete atribuyéndole un distanciamiento de las bases perredeístas y de los principios del partido.
El PRD volvió a triunfar en las elecciones de 1982 con Salvador Jorge Banco como su candidato presidencial (1982-1986), en medio de profundas contradicciones internas y de una aureola populista de “manos limpias”. Sin embargo, el maleficio se replicó con consecuencias sobredimensionadas en el segundo año de su mandato, el 23 de abril de 1984.
La población valoró que las expectativas de progreso y ofertas electorales de Jorge Blanco fueron incumplidas y le retiró el apoyo, luego de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicaba tomar medidas que elevaban el costo de la vida de manera significativa.
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