El principio de la autoridad ha rodado por el suelo en el país desde hace tiempo.
Las muestras más patéticas las tenemos en los innumerables irrespetos de ciudadanos frente a los agentes uniformados, sean policías, militares o responsables del tránsito.
Y parejo con la pérdida de este elemento tan esencial para el mantenimiento del orden, hay otro más vergonzoso: el ostensible mal entrenamiento de estos agentes para lidiar con estos irrespetos.
La tendencia a desconocer, con insultos, agresiones físicas y forcejeos, ha contaminado todas las esferas, pues hasta personas revestidas de autoridad, como alcaldes, legisladores o funcionarios públicos, también incurren en los irrespetos.
En un episodio reciente, el director de un distrito municipal interfirió la labor de un agente de tránsito, forcejeó con él y terminó recibiendo un tiro de respuesta en el estómago.
En otro episodio, un diputado ultraja y agrede con violencia a una raso de la Policía y un fiscal, y una sala de la Suprema Corte de Justicia apenas le condena a una multa de 3,500 pesos y tres meses de prisión suspendida.
Si la justicia, cualquiera que sea la razón, se presta para actuar con paños tibios frente a agresiones de ese tipo, la señal que mandará a la sociedad es la de que todavía persisten espacios de impunidad y cero consecuencias para los abusadores e irrespetuosos de la autoridad.
Sería entonces el colmo que llegáramos a una situación así, en un momento en que la propia sociedad siente en carne viva los efectos de una descomposición moral que rápidamente corroe sus principales valores.
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