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Las “operaciones” irregulares siguieron en Ministerio de Hacienda luego de las elecciones 2020

 

El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), una de las personas propuestas como testigo por el Ministerio Público en el caso de las supuestas irregularidades cometidas en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno pasado, declaró que parte de las operaciones que se catalogan de irregulares en el caso continuaron aún después de la campaña política de 2020, debido a que había que cubrir un faltante.

Durante el interrogatorio que le práctico el Ministerio Público en abril de 2022, a cargo de Wilson Camacho, como titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, el empresario dice haber entregado miles de millones de pesos al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. También que el dinero lo entregó por orden del exministro de Hacienda, Donald Guerrero 6,457 Millones dice Ramón Emilio Jiménez que recibió para la parte oficial de la estructura

“Se hizo una operación, no puedo precisar en estos momentos con cuántos expedientes, pero digo una operación porque sé que tenía un único motivo, ese motivo era porque supuestamente había un rojo, es decir, un faltante que había quedado de la campaña”. Señala que fueron a la oficina del candidato de entonces, Gonzalo Castillo (a llevar el dinero) y que el exministro Donald Guerrero le indicó que estaba haciendo eso por requerimiento de Gonzalo Castillo.

Jiménez también ofreció detalles de cómo se organizó el cobro de dinero a varios establecimientos para beneficio particular. 

Contó que presentó un proyecto al exministro Guerrero, con quien tenía una amistad que se afianzó a partir del año 2012, con el que pretendía regularizar las bancas de loterías y apuestas y las máquinas tragamonedas en los colmados.

Dicho proyecto lo habría organizado junto con Fernando Crisóstomo, otra de las personas que tiene como testigo el Ministerio Público en el caso contra los veinte detenidos durante la Operación Calamar.

Jiménez Collie dijo que del proyecto se colectaban entre 25 y 30 millones de pesos al mes, y que solo en la primera etapa, él, Crisóstomo y José Arturo Ureña se repartieron unos seis a siete millones de pesos, entre los tres.

Indicó que el exministro Guerrero tenía conocimiento de las operaciones y que, en una ocasión, le pidió el nombramiento de una persona para facilitar su funcionamiento. 

De las expropiaciones

Respecto a los supuestos pagos por expropiaciones irregulares que señala el Ministerio Público, planteó que inició en el esquema porque Guerrero le comentó que necesitaban más dinero para la campaña interna, que estaban en 2019 y que Gonzalo Castillo necesitaba más recursos.

“Lo que estoy diciendo es que primero surgía la necesidad”. 

Dice que los expedientes que, por lo regular lo seleccionaba Crisóstomo, se buscaban acorde al monto que se necesitaba, pero que él creía que los expedientes eran legales y que era una forma legal de financiar las campañas. Si la necesidad era de 300 a 500 millones de pesos, se buscaban casos que cubrieran esa cantidad, los gastos operacionales y la parte de ellos, agrega.

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