El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha presentado formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) su preocupación acerca de presiones y amenazas provenientes de sectores vinculados al partido de gobierno. Estas acciones, según la denuncia, están dirigidas a causar disturbios y agresiones tanto en la sede de la Comisión Electoral como en la sede central del gremio. El propósito evidente de estas intimidaciones es generar un ambiente propicio para desconocer los resultados del reciente proceso electoral, encabezados por Trajano Vidal Potentini, de la plancha Consenso Nacional.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, hizo hincapié en que estas amenazas van más allá de afectar a los miembros de la Comisión Electoral, extendiéndose incluso a su propia vida. Un audio revelador, según el presidente del gremio, muestra una amenaza directa hacia su persona, donde un seguidor del candidato del PRM, Diego José Garcia, advierte que "sus días están contados".
En una declaración a la prensa, Surun Hernández expresó su consternación por la intensificación de la persecución contra aquellos vinculados con la organización de las elecciones del pasado 2 de diciembre. Además, señaló las amenazas y presiones dirigidas al notario encargado de notarizar la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Se demanda una investigación exhaustiva por parte de las autoridades ante estos incidentes.
El líder gremialista resaltó la inaceptable interferencia del
partido oficial en el proceso democrático y la tentativa de desacreditar los
órganos encargados de administrar estas elecciones institucionales. Considera
que estas acciones reflejan un peligro hacia la democracia y sugiere que el
Gobierno está concentrando esfuerzos para manejar los votos de la oposición en
función de sus propios intereses. Surun Hernández exigió el respeto a la
libertad sindical y a la libre determinación de los gremios, llamando a la
Procuraduría General de la República a intervenir ante cualquier intento de
asalto al Colegio de Abogados y en respuesta a las amenazas de muerte dirigidas
a sus miembros, quienes se ven presionados a desconocer la voluntad popular de
la abogacía nacional.
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