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¿Por qué el exsenador Rafael Calderón está imputado en el caso Calamar?

 


¿Por qué el exsenador Rafael Calderón está imputado en el caso Calamar?

A sus 80 años de edad, el exsenador de Azua, Rafael Calderón, está acusado por el Ministerio Público de ser parte de un "holding criminal" dedicado a la expropiación de terrenos y la distracción de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina para financiar la campaña política del 2020, este caso recibe el nombre de Calamar y tiene como principales imputados al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y a los exministro administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente.

De manera puntual, el organismo de persecución señala en su expediente acusatorio de 3,662 páginas, que por su cercanía con el exministro de hacienda, el exlegislador gestionaba de manera directa la autorización de pago de deuda administrativa por concepto de expropiación de terrenos declarados de utilidad pública, exigiendo a cambio a los legítimos propietarios la entrega de montos que oscilaban entre el 40 % al 70 % de la suma pagada en virtud actos de venta de inmuebles y acuerdos transaccionales firmados directamente por Guerrero, "sin ninguna justificación ni fundamento legal, salvo el pago de sobornos".

Bajo el mismo mecanismo gestiona la celeridad en los pagos a contratistas del Estado a cambio de una compensación monetaria.

El expediente señala que para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido del pago de sobornos el excongresista utilizó personas físicas y jurídicas como prestanombres, entre estas al ciudadano Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y las empresas del acusado Omar Manuel Miqui Arias, las personas jurídicas Miqui Trade, S.R.L., y la empresa Industria Misaqui, S.A..

El Ministerio Público estableció que Calderón obtuvo del entramado la suma total de RD$ 165,297,166.71.

Delitos por los que imputan al exsenador

El órgano persecutor representado por la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución acusa a Calderón de los siguientes tipos penales:

Violación al artículo 146 de la Constitución;

Autor de asociación de malhechores debidamente tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano

Autor de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y concusión de conformidad con lo previsto en los artículos 33, 123, 166, 167, 171, 172 y 174 del Código Penal Dominicano;

Autor de Estafa contra el Estado debidamente tipificado en el artículo 405 párrafo del Código Penal Dominicano;

Autor de delitos de los cuales los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad debidamente tipificado en el párrafo III artículos 175 y 176 Código Penal Dominicano;

Autor de uso de documentos falsos debidamente tipificado en el artículo 148 y 151 del Código Penal Dominicano;

Autor de soborno debidamente tipificado en el artículo 2 de la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, así como los artículos 177 y 178 del Código Penal Dominicano;

Autor de financiamiento ilícito de campañas políticas de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 78 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos;

Autor de lavado de activos debidamente tipificado en el artículo 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 4 numeral 8 y artículo 9 numerales 1, 2 y 4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Imputados

Junto a Calderón están acusados en el caso Calamar: Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julian Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Avila.

Además, Manuel Miqui, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Cesar Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil, Princesa Alexandra García Medina, Roberto Moquete, y Daniel Guerrero y 12 empresas relacionadas a los imputados.

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