Un crimen disfrazado de gestión: la estafa moral y financiera al pueblo desde el Senasa. OPINION

 

 Por: Félix Betances

En un país donde millones de ciudadanos dependen exclusivamente del sistema público de salud para sobrevivir, lo revelado por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Chanel Rosa Chupany, constituye más que una irregularidad administrativa: es un crimen financiero, una afrenta directa contra los más pobres de la nación.

Rosa Chupany denunció que durante la gestión del Dr. Santiago Hazim al frente del Senasa, se implementó una doble contabilidad, una artimaña contable diseñada con un solo propósito: esconder la deuda real del sistema a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). Esta operación, que incluyó la manipulación de los montos de autorizaciones médicas –poniendo, por ejemplo, RD$2,000 donde realmente se gastaban RD$20,000– no solo ocultó la magnitud del déficit financiero, sino que puso en riesgo la sostenibilidad de un sistema vital para los sectores más vulnerables.

Estamos hablando de un fraude sistemático, ejecutado con plena conciencia y a espaldas del pueblo. El resultado: un déficit superior a los RD$20 mil millones, una cifra que no se traduce solo en números rojos, sino en vidas desprotegidas, tratamientos suspendidos y miles de dominicanos desamparados frente a enfermedades y emergencias.

Lo más indignante es que este desfalco moral y financiero se hizo bajo la administración de una institución cuyo propósito principal es garantizar el acceso equitativo a la salud. Lo que debió ser un bastión de justicia social, se convirtió en un escenario de manipulación y negligencia. La doble contabilidad no es un simple “error técnico”; es una decisión perversa que merece el más alto grado de sanción penal y moral.

Como si eso no fuera suficiente, Chanel Rosa también reveló que durante esa misma gestión se aprobaron programas de salud que ni siquiera pertenecían al Plan de Servicios de Salud (PDSS). Proyectos como “Eva” y “PIP” se financiaron al margen del sistema, sin un marco legal, contribuyendo aún más al hundimiento de las finanzas del Senasa. ¿Quién autorizó estos programas? ¿Con qué propósito? ¿Dónde están los resultados?

Ahora, el Senasa ha contratado por RD$50 millones a una empresa privada para realizar una auditoría que abarque desde 2018 hasta 2024. Si bien esta medida puede considerarse necesaria, surge la pregunta obligatoria: ¿por qué tiene que pagarse con fondos públicos una auditoría para investigar una gestión que claramente habría incurrido en actos criminales?

La sociedad dominicana, especialmente la clase trabajadora y los sectores más pobres, merece respuestas. Pero más que eso, merece justicia. Este caso no puede quedarse en declaraciones en programas de televisión o en titulares pasajeros. Es hora de que la Procuraduría General de la República actúe, que se investigue a fondo y que el Dr. Santiago Hazim y quienes participaron en esta trama rindan cuentas ante la ley.

Porque mientras ellos maquillaban cifras, gente moría esperando una autorización médica.

Porque mientras ocultaban millones, niños, envejecientes y madres solteras quedaban fuera del sistema de salud.

Esto no es solo corrupción. Es un crimen contra el derecho a la vida.

¿Será ésta una nueva prueba de fuego, de tantas que ha sorteado el gobierno, la mayoría de las cuales hasta ahora, ha apagado.?