Por la Redacción.
La República Dominicana apenas cuenta con 156 policías preventivos por cada 100,000 habitantes, una cifra alarmante si consideramos el peso de la inseguridad en el día a día de los ciudadanos. De los más de 43,000 agentes activos, menos de 17,000 están en labores de patrullaje. Es decir, la mayoría no pisa la calle.
El comisionado para la reforma policial, Luis Ernesto García, reconoce esta brecha y ha prometido cambios estructurales: duplicar el número de patrulleros para 2028, rediseñar el currículo de formación, profesionalizar a los instructores y aplicar evaluaciones psicológicas anuales. Todo suena bien en el papel.
También se plantea una nueva Ley Orgánica con sanciones claras, un rango técnico-operativo para el patrullero, y la legalización del derecho ciudadano a grabar procedimientos policiales, excepto si interfieren. Es un paso clave hacia una policía más transparente, pero aún sin garantías claras de implementación.
Sin embargo, mientras se anuncian reformas, siguen los “intercambios de disparos” que cada semana dejan muertos y alimentan la percepción de una cultura represiva y poco profesional. No se cambia una doctrina de décadas en unos meses, y la formación sobre uso proporcional de la fuerza apenas empieza a llegar a unos pocos instructores. Los policías veteranos, los más activos en operativos, no han sido tocados por esta nueva formación.
No hay reforma creíble sin cambiar lo que ocurre en las
calles. Profesionalizar no es solo entrenar: es supervisar, sancionar y
proteger a la ciudadanía. La promesa de tener 30,000 patrulleros en 2028 es
ambiciosa. Pero si esos patrulleros siguen operando con la lógica de siempre,
no será más seguridad: será más de lo mismo.
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