Por: Licenciado Lebrón
La situación que se ha estado viviendo en centros educativos del país, incluyendo el caso del docente del **Liceo Juan Pablo Duarte**, así como otras agresiones recientes contra maestros y daños a sus bienes, no puede verse como hechos aislados. Refleja una preocupación real sobre el clima de convivencia escolar y el nivel de autoridad pedagógica que hoy tiene el docente en el aula.
Es evidente que la orientación psicológica es necesaria, especialmente cuando se trata de menores de edad; sin embargo, cuando las agresiones son reiteradas o implican violencia física y daños materiales, también debe existir un régimen de consecuencias claro, proporcional y aplicado con coherencia. La convivencia escolar no puede sostenerse solo en el enfoque preventivo, sino también en la responsabilidad.
En ese sentido, es legítimo que el gremio docente —como la **Asociación Dominicana de Profesores**— abra un debate firme sobre la revisión de las normas de convivencia y los protocolos de actuación ante agresiones. Las concentraciones y protestas han sido históricamente mecanismos de presión social válidos cuando se busca modificar marcos normativos, como ocurrió con el estatuto docente.
No obstante, cualquier método de lucha debe ir acompañado de una propuesta concreta: revisión del reglamento, fortalecimiento del equipo de orientación, protocolos claros de protección al docente y articulación con las familias. La defensa de la dignidad y seguridad del maestro no es un acto de confrontación, sino una condición indispensable para garantizar una educación de calidad.
El debate no es si debe haber consecuencias, sino cómo
equilibrar el enfoque formativo con la protección efectiva del docente y la
autoridad escolar.
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