Santo Domingo.- A partir del próximo agosto, los agentes policiales o militares que obstaculicen el derecho de un ciudadano a grabar sus actuaciones oficiales enfrentarán consecuencias legales severas.
Según las nuevas disposiciones, impedir el registro
audiovisual de operativos podría conllevar penas que oscilan entre los 15 días
y un año de prisión.
Esta normativa se fundamenta en la Ley 74-25 del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está pautada para el 6 de agosto. Para el jurista Amadeo Peralta, esta legislación representa un «giro de 180 grados» en el marco jurídico dominicano, modernizando significativamente las reglas de convivencia y el control de la autoridad frente al código vigente.
Ante este cambio de paradigma, Peralta sostiene que las
instituciones castrenses y la Policía Nacional tienen el reto urgente de instruir
a sus miembros sobre el artículo 275 de la nueva ley.
Es imperativo que el personal operativo comprenda las
implicaciones legales de limitar el uso de dispositivos de grabación por parte
de la población civil durante el ejercicio de sus funciones.
Policías
De manera específica, el código establece que los policías y
militares que impidan la filmación de un arresto, registro o allanamiento, ya
sea en beneficio propio o de un tercero, será castigado con prisión menor.
Además, la sanción incluye una multa equivalente a uno o dos salarios de los
que perciba el uniformado al momento de cometer la infracción.
No obstante, la ley contempla excepciones claras: la medida
no será aplicable si la grabación interfiere directamente con la labor del
agente o si pone en peligro su integridad física.
Con esta iniciativa, el legislador buscó equilibrar el
derecho a la transparencia con la seguridad necesaria para los cuerpos del
orden en situaciones de alto riesgo.
En cuanto a la difusión del contenido, el párrafo segundo
aclara que la grabación resultante solo podrá ser publicada si se cuenta con el
consentimiento expreso de la persona intervenida.
El abogado Peralta subrayó que este avance social garantiza
consecuencias reales contra los abusos de autoridad, siempre que no exista una
justificación válida para impedir el registro.
Por otro lado, destacó que la pieza legislativa no se limita
al control de la fuerza pública, sino que también ofrece soluciones
contundentes contra las violaciones a la propiedad privada.
Finalmente, resaltó que el Código Penal introduce avances
significativos como el cúmulo de penas y la tipificación de nuevos delitos.
En tal sentido, señaló que la ley será especialmente severa
con quienes infrinjan la norma, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía y a
las autoridades a conocer a fondo las novedades de esta pieza jurídica.
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