Por Armando Pérez Martínez,
Coronel retirado de la Policía Nacional.
La reforma de la Policía Nacional no puede seguir siendo un
catálogo de obligaciones para los agentes mientras se ignoran las
responsabilidades de quienes desafían la autoridad legítima del Estado. Exigir
una policía más profesional es correcto; pretender que actúe con las manos
atadas, no.
Al policía dominicano se le exige enfrentar la delincuencia,
controlar el desorden público, proteger a los ciudadanos y utilizar siempre un
nivel proporcional de la fuerza. Se le fiscaliza, se le graba con teléfonos
celulares, se le investiga y, cuando corresponde, se le sanciona. Todo ello es
propio de un Estado de derecho.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿qué consecuencias enfrenta el ciudadano que decide resistirse ilegalmente a un agente de la autoridad?
La respuesta es: ninguna.
Hoy es frecuente que ciudadanos insulten a policías mientras
estos cumplen sus funciones, vociferándoles toda clase de improperios y
calificativos bajos, se resistan físicamente a un arresto legal, forcejeen o
golpeen a los agentes. También ocurre que familiares, amigos o curiosos
intervengan para impedir una detención, rodeen a los agentes, los empujen, los
agredan o dificulten deliberadamente un procedimiento policial, convencidos de
que esas conductas no tendrán consecuencias legales.
La nueva ley de reforma policial no habla de estos aspectos
vitales en ninguno de sus artículos. Ese mensaje es peligroso. Cuando el Estado
no protege a quien representa legalmente su autoridad, fortalece la cultura del
desacato y la impunidad.
En numerosos países, resistirse a un arresto legal constituye
un delito autónomo que agrava la responsabilidad del infractor. Del mismo modo,
obstruir o interferir ilegalmente en un procedimiento policial acarrea
sanciones específicas. No son privilegios para la policía, sino herramientas
para garantizar el cumplimiento de la ley.
La República Dominicana necesita incorporar un verdadero
régimen de consecuencias para quienes desafían ilegalmente la autoridad. Quien
se resista a un arresto legal, agreda a un agente o interfiera para impedir una
detención debe responder también por esas conductas.
Esto no significa otorgar poderes ilimitados a la Policía
Nacional. Los agentes deben seguir sometidos al respeto de la Constitución, a
la supervisión judicial y a la investigación de cualquier abuso. Pero el
equilibrio exige obligaciones recíprocas: así como la ley limita el uso de la
fuerza policial, también debe sancionar con firmeza a quienes impidan el
ejercicio legítimo de esa autoridad.
No existe seguridad ciudadana cuando el delincuente sabe que
puede resistirse al arresto sin agravar su situación jurídica. Tampoco existe
autoridad cuando cualquiera puede desafiar, insultar, empujar o impedir un
procedimiento policial sin afrontar consecuencias.
Como si fuera poco, la nueva ley contempla que los agentes,
al ser pensionados, solo perciban entre el 60 y el 70 % de su salario, lo que
desanima a nuevos aspirantes a ingresar a la institución.
Una reforma seria debe proteger los derechos de los
ciudadanos, pero también la autoridad legítima del Estado. De lo contrario, no
estaremos reformando la Policía Nacional: estaremos debilitándola aún más.
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