La abogada Laura Acosta, representante legal de la Sociedad Comercial Okra Company LTD y una de las presuntas víctimas del fraude contra los accionistas de Costa Dorada, hizo un llamado directo a la responsabilidad de los jueces que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Su apelación se centra en la recusación presentada por los imputados contra 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el caso de fraude societario de la mencionada compañía.
En sus declaraciones durante una entrevista en el programa "El Sol de la Mañana", Acosta subrayó que no busca un fallo a su favor, sino que solicita a los jueces que tomen una decisión y asuman su responsabilidad, advirtiendo que de lo contrario podrían considerarse cómplices de maniobras dilatorias.
La abogada expresó su preocupación por la demora de la SCJ en pronunciarse sobre el caso, señalando que esta dilación contribuye a aumentar la inseguridad jurídica en el país y perjudica los intereses de familias que llevan años luchando en los tribunales por recuperar sus derechos societarios en Costa Dorada. Acosta hizo hincapié en que la inacción de la SCJ establece un mal precedente y refuerza la percepción de que "justicia tardía es justicia denegada".
En cuanto a la morosidad en el sistema judicial para resolver el fraude accionarial en Costa Dorada, la abogada argumentó que esta va más allá de los intereses privados, afectando el interés público. Destacó que esta demora ha afectado no solo a las familias Mayol y Serrano, sino que también ha revelado la inseguridad jurídica en República Dominicana, exponiendo la vulnerabilidad de cualquier ciudadano común ante estafas de este tipo.
Acosta enfatizó que el proceso judicial al que se enfrentan los verdaderos dueños de Costa Dorada, quienes han sido excluidos del juicio de fondo para recuperar sus derechos, es un viacrucis, calificando de "absurda" la decisión del juez. Adicionalmente, advirtió sobre las posibles consecuencias de un juicio de fondo sin la participación de las víctimas, destacando que esto privaría a las familias de sus derechos a ser resarcidos, dejando a los culpables sin sanción.
La abogada también recordó que los imputados en este fraude, Global Multibusiness Corporation y Rafael Olegario Helena Regalado, están vinculados al caso de Bahía de las Águilas.
En relación al fraude sufrido por las familias Mayol y Serrano, Acosta describió la apropiación fraudulenta de las acciones de Costa Dorada, con el objetivo de apoderarse de su único activo: más de 6 millones de metros cuadrados en las costas de Baní. Este fraude, según la abogada, implicó la falsificación de numerosos documentos, como contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros y declaraciones juradas, mediante la falsificación de firmas y el uso de identidades de personas fallecidas, entre otras artimañas. Estos documentos, afirmó Acosta, alteraron la historia societaria de la compañía Costa Dorada y su estructura accionarial
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