El Poder Judicial y otros órganos de características
similares son beneficiarios, desde hace varios años, de exoneraciones
vehiculares, privilegio que, aunque no comparte exactas similitudes con la de
los congresistas, sí tienen un impacto para las arcas del Estado.
En los últimos cuatro años, según una base de datos
suministrada por la Dirección General de Aduanas (DGA) y analizada por este
periódico, al menos 489 jueces o funcionarios del Poder Judicial, Tribunal
Constitucional y el Ministerio Público, o entidades autorizadas a usar estas
disposiciones, trajeron al país unos 709 vehículos libres del pago de
impuestos.
Esa cantidad se traduce en aproximadamente RD$503,215,428.24, cifra que a su vez indica que cada juez o funcionario exoneró una media de poco más de un millón de pesos trayendo vehículos del exterior, un monto considerablemente inferior a los legisladores, a pesar de que los importadores de la justicia son más.
Esto último se debe a las marcas que trajeron los jueces y
funcionarios de la justicia, ya que solo 2 de 10 son consideradas como “marcas
de lujo”, optando en vez traer otras que no entran en esa categoría.
Leyes
La posibilidad de importar vehículos exonerados del pago de
impuestos para jueces o funcionarios del Poder Judicial, Tribunal
Constitucional o Ministerio Público está fundamentado en tres leyes, siendo la
primera promulgada en el año 1998 y las otras dos en 2011.
“Todos los jueces del orden judicial tendrán derecho, cada cinco años, a la importación libre de gravamen de un vehículo de motor no suntuario, el cual será intransferible durante ese período. Este derecho se adquirirá a partir del segundo año en el servicio”, establece la Ley 327-98 de Carrera Judicial.
Misma disposición establece la Ley número 133-11 Orgánica del
Ministerio Público y 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional, que
establecen las mismas disposiciones de la antes mencionada legislación del
Poder Judicial.
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